Abogados y empresarios recibieron un correo que alegaba la existencia de una multa por $3.300
Abogados y empresrios se presentaron en la tarde de ayer en el Poder Judicial para asesorarse acerca de una supuesta multa que debían pagar. Según informó a El Observador el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, habían recibido un mensaje en el que se les notificaba del pago de una multa de $3.300, con fecha límite de pago para el 10 de setiembre, a través de una dirección de correo que aparentaba ser de la Unidad Administrativa de Notificaciones Electrónicas de la Suprema Corte.
El correo decía además que de no efectuarse el pago, quien recibía el mail se arriesgaba a cumplir 60 días de cárcel. Al finalizar el correo, se los invitaba a hacer click en un link para obtener más información. Se desconoce el medio de pago por el que se realizaría el depósito, pero se cree que ese link llevaría a una cuenta bancaria o algo similar.
Según Oxandabarat, el modo en el que está escrito el correo deja en evidencia el hecho de que no se trata de un mensaje oficial del Poder Judicial
“Los correos fueron enviados a las cuentas particulares de los involucrados, cuentas de Hotmail o Gmail, y no a las casillas que están dentro del sistema judicial” aseguró Oxandabarat a El Observador, por lo que se descarta un posible hackeo al sistema operativo del Poder Judicial.
“Los técnicos dictaminaron que no hay ningún riesgo de seguridad. Es alguien desde afuera, que se hace pasar por una dependencia del Poder Judicial, y está intentando estafar a la gente, cobrándole multas inexistentes”, aseguró el vocero de la Suprema Corte de Justicia.
A partir de la dirección IP de la que provienen los correos, la División Técnica en Informática del Poder Judicial pudo inferir que los correos provienen de Chile, aunque se trata de un tema “complejo” porque en Internet “no hay lugares”, dijo Oxandabarat.
El vocero de la Suprema Corte explicó además que se trata de un robo de identidad, ya que quien envía los correos electrónicos se hace pasar por una dependencia del Poder Judicial.
Estos datos surgen de una investigación preliminar llevada a cabo por los técnicos del Poder judicial, aunque las investigaciones continúan. Como los reclamos fueron realizados en distintas dependencias del Poder Judicial, explicó el vocero, todavía se desconoce la cantidad de personas que resultaron afectadas por esta maniobra.
Una vez realizado un informe definitivo sobre lo ocurrido, el Poder Judicial elevará el documento a la Suprema Corte de Justicia para que decida si da cuenta o no a la justicia penal sobre los hechos.
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