Se cumplen 41 años del derrocamiento del gobierno socialista de Salvador Allende y del final de la democracia durante 17 años
En dos ocasiones en menos de una semana, la presidenta chilena,Michelle Bachelet, hizo un llamamiento a «civiles y militares» que tengan información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos de la dictadura militar que la entreguen «para avanzar en más verdad y justicia» en los casos de las más de 3.000 víctimas de la represión del régimen que encabezó el fallecido general Augusto Pinochet.
Este jueves 11 de septiembre se cumplieron 41 años del derrocamiento del gobierno socialista de Salvador Allende y del término de la democracia, que instaló el poder a una alianza cívico militar durante 17 años. En ese periodo, según han establecido las comisiones de Verdad y Reconciliación y los propios tribunales de justicia, se aplicó una política sistemática de violaciones a los derechos humanos que dejó un saldo de más de dos prisioneros ejecutados, 1.210 desaparecidos y más 30 mil personas que fueron sometidas a torturas.
«Necesitamos que esa justicia sea pronto y necesitamos, para que ello sea posible, que quienes tienen información relevante, sean civiles o militares, la entreguen», dijo Bachelet en la inauguración de memoriales a las víctimas, en respuesta indirecta al jefe del Ejército,general Humberto Oviedo, quien en una entrevista a la televisión negó la existencia de un «pacto de silencio» de los militares sobre el destino de los desaparecidos y que las fuerzas armadas tengan en su poder archivos de la represión.
«Ha sido sistemática la necesidad de actuar con las autoridades de justicia para entregar la información que esté disponible en el Ejército. Distinto es aquellas personas que están en condición de retiro que por efectos de su defensa y conforme a la ley se los permite, puedan entregar o no los testimonios que ellos estimen conveniente. Pero eso no es un pacto que tenga la institución y menos con ellos, sería irresponsable y además que no se podría», dijo el jefe castrense, cuyas palabras indignaron a las agrupaciones de familiares de las víctimas.
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, demandó el término del pacto de silencio de los militares y emplazó al gobierno a cerrar la cárcel de Punta Peuco –a unos 80 kilómetros de Santiago- donde están recluidos unos 60 ex represores, incluidos los más altos jefes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA, policía secreta de Pinochet) condenados a decenas de años por crímenes de lesa humanidad.
LIBIO PÉREZ / CORRESPONSAL EN SANTIAGO DE CHILE
No hay comentarios.:
Publicar un comentario