JUAN PABLO CORREA24 jun 2014
El gobernador hizo el anuncio tras reunirse con el canciller argentino Héctor Timerman en Buenos Aires. Ayer el "lobby" entrerriano se trasladó a la capital argentina y, aparentemente, obtuvo el compromiso de Timerman de volver a La Haya. Junto a Uribarri estaban el senador Pedro Guastavino y el intendente de Gualeguaychú, Juan Bahillo.
Uribarri, que es oficialista y tiene aspiraciones presidenciales para 2015, escribió en Twitter que "la decisión está tomada, empezamos a trabajar junto a los técnicos de Cancillería y nuestros equipos jurídicos para avanzar cuanto antes". "UPM actúa casi ignorando la presencia del Estado. Son sus intereses económicos que están siempre por encima de las decisiones institucionales", agregó.
"La pastera provoca daños a nuestro Río Uruguay y el aumento de la producción daña aún más. Y este es un hecho consumado", sostuvo.
La movida de la provincia de Entre Ríos se verá complementada el jueves cuando ambas cámaras del parlamento provincial se reúnan en sesión conjunta para pedirle formalmente al gobierno nacional que lleve su diferendo con Uruguay a la Corte de La Haya.
Uribarri dijo luego a Radio Nacional de Argentina que Uruguay violó el Tratado del Río Uruguay y sostuvo que eso fue reconocido por la Corte en su decisión de 2010 por lo que "no hay otro camino" que volver al tribunal. "Es nuestra obligación", consideró. Sin embargo, ayer ningún funcionario del gobierno nacional argentino anunció explícitamente que la decisión se vaya a concretar. En octubre pasado, cuando Uruguay autorizó a UPM a producir más, Timerman ya barajó la vuelta al tribunal pero la amenaza luego se diluyó. Por ese motivo, los activistas que se oponen a UPM y que se manifestaron nuevamente el domingo pasado dudan que en esta oportunidad vaya a ser diferente. Según el diario "Perfil", lo que sí hizo Timerman fue pedirle a los funcionarios de su cartera que le preparen una serie de medidas posibles de represalia para afectar los intereses uruguayos.
Hasta ahora la presidente Cristina Fernández no ha hablado públicamente del asunto. El clima mundialista y la delicada negociación que su gobierno iniciará con los denominados "fondos buitre" para establecer la forma en que el Estado argentino les pagará lo que les debe, parecen relegar al diferendo con Uruguay a un lugar secundario en la agenda informativa argentina.
El gobierno uruguayo ha reaccionado hasta ahora con calma a la amenaza argentina y ha ofrecido volver al diálogo. La semana pasada el canciller Luis Almagro dijo en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes que "en definitiva, nunca hubo de parte de Argentina una objeción formal o sustancial al proyecto que implicaba el aumento de producción de UPM a un millón trescientas mil toneladas (...) Uruguay ha cumplido con el deber de información". "Nuestro país ha presentado información muy completa a Argentina sobre el estudio del impacto ambiental, sobre los informes técnicos de la Dinama y sobre el proyecto de ingeniería de la planta de tratamiento de efluentes", agregó. Almagro dijo que las gestiones que se hagan serán reservadas y no quiso responder la versión que indica que Timerman quiere adoptar represalias adicionales contra Uruguay.
El canciller advirtió también que "quizá hagamos un comparativo entre la calidad de los efluentes de UPM y la desembocadura del río Gualeguaychú, y los niveles que el mismo pueda presentar en cuanto a distintos materiales que puedan afectar la calidad de las aguas". A esa desembocadura van los efluentes generados por las empresas instaladas en el Parque Industrial de esa ciudad entrerriana de unos 80.000 habitantes. En ese parque industrial, creado hace 40 años y que ofrece beneficios impositivos, funcionan una treintena de empresas: industrias químicas, textiles, de elaboración de harinas y aceites vegetales, de cubiertas y cámaras para bicicletas, de detergentes, etcétera.
Posibles castigos K a Uruguay
Los militantes contra UPM ya empezaron a pedir que no se drague el río Uruguay. Por ahora, se siguen dando pasos hacia el comienzo de las obras, explicó en el Parlamento Gastón Silberman, presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Ya se está dragando el Paso Almirón entre Concepción del Uruguay y Paysandú, explicó. Pero el dragado de "profundidad" debería comenzar en agosto. En los próximos días Uruguay y Argentina deben comenzar a realizar aportes económicos para que se puedan encarar las obras (que en total costarán US$26 millones) y en ese momento se podrá determinar si el país vecino sigue comprometido con su concreción. Argentina decidió que no concurrirá a la próxima reunión de CARU. Y no ha dado señales de querer desbloquear el dragado del canal Martín García ni la habilitación de terminales graneleras en Nueva Palmira.
En cuanto a las exportaciones, el canciller Almagro dijo que hay US$32 millones en declaraciones juradas trabadas de productos locales.
Apoyos argentinos a Uruguay
La Cámara de Importadores de la República Argentina no respalda "ningún tipo de planteo que suponga volver a La Haya" y rechaza cualquier represalia contra Uruguay, dijo a El País el gerente de esa gremial, Miguel Ponce.
A su juicio, Uruguay no debe interpretar que la demora en tramitar importaciones en Argentina es una medida específica en contra del gobierno de José Mujica por el permiso que otorgó a UPM. "No hay discriminación, también se quejan los brasileños. No es un tema particular con Uruguay", explicó. Las trabas se vinculan, básicamente, a que el gobierno de Cristina Fernández no quiere que salgan dólares. De hecho, en un contexto de estancamiento con inflación caracterizado por la reducción de la demanda como el que impera en Argentina, en el último mes las importaciones argentinas cayeron 17% respecto al mismo mes de 2013. Ese es exactamente el mismo porcentaje que declinaron las compras de productos uruguayos en Argentina entre enero y mayo de 2014 e idéntico período de 2013. Un cambio de tendencia solamente se dará "cuando haya una normalización en todos los planos en Argentina lo que podría pasar cuando cambie el gobierno y haya un clima más amigable para la inversión", cree Ponce.
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