Lilián Abracinskas, directora de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU). / Foto: Javier Calvelo (archivo, mayo de 2012)
La organización no gubernamental Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) presentó ayer los resultados de una investigación realizada en el departamento de Salto, de julio a diciembre de 2013. El equipo técnico de la organización, coordinado por el sociólogo Martín Couto, eligió ese departamento por ser el único donde, por unanimidad, los ginecólogos de los dos prestadores de salud -la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la mutualista CAM- se ampararon en la declaración de objeción de conciencia para no realizar abortos. Esa realidad, de todas formas, cambió el 6 de setiembre del año pasado, cuando arribó al departamento una nueva ginecóloga.
Según explicó en el lanzamiento de la investigación la directora de MYSU, Lilián Abracinskas, el trabajo de campo se enmarca en el monitoreo de las políticas públicas vinculadas a salud sexual y reproductiva que la organización realiza. Esta instancia se organizó para compartir los primeros resultados y reflexionar en conjunto con los invitados a la presentación. Estuvieron presentes integrantes de la ONG internacional Médicos del Mundo, representantes del directorio de ASSE, de la Junta Nacional de Salud y responsables de la implementación de la ley tanto de Salto como de Montevideo. Según Abracinskas, esta forma de proceder se enmarca en la voluntad de “superar la verticalidad histórica de los programas de salud”.
Mal predispuestos
Couto comentó que el objetivo del trabajo de campo fue obtener un estado de situación de los servicios de salud sexual y reproductiva y en particular de la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
De la realización de varias entrevistas en profundidad se desprendió que en el departamento de Salto existe un fuerte “estigma” tanto contra las mujeres que consultan contra interrumpir su embarazo como contra los equipos multidisciplinarios que las asisten, a los que muchas veces califican despectivamente como “aborteros”. Según explicó Couto, esto muchas veces lleva a que la mujer que va a la consulta después no quiera volver al centro de salud, y menos por temas relacionados con su salud sexual.
De fondo
Otro de los temas que según MYSU no contribuye al correcto ejercicio del derecho de las mujeres es la actuación de los ginecólogos objetores de conciencia, que pese a ello intervienen en el proceso de decisión de la mujer, según arrojaron los datos del estudio.
Por ejemplo, algunos de estos ginecólogos han participado en ecografías de mujeres que pretenden interrumpir su embarazo y también lo hacen en las instancias de asesoramiento que el equipo multidisciplinario debe brindar después de la consulta inicial.
Además, de las entrevistas en profundidad con los ginecólogos se desprendió que pese a que en primera instancia afirman que respetan la decisión de la mujer, cuando el discurso de los médicos continúa aparecen juicios de valor acerca de la vida personal de las pacientes y sobre la realización de abortos.
En diálogo con la diaria, Abracinskas consideró un problema que los médicos objetores participen en las consultas y que dejen entrever su sistema de valores, porque eso “distorsiona” el proceso de decisión de la mujer. Además, señaló que la objeción de conciencia “es más que una barrera de acceso”, porque engloba a la forma en que los médicos conciben su rol frente a la persona que consulta, en una relación que “históricamente fue inequitativa en términos de poder”. En ese sentido, consideró que el mensaje sigue siendo que “es una práctica que está mal” y que, por lo tanto, se atiende “porque no hay más remedio”.
Por otra parte, la activista señaló que ese mecanismo fue utilizado por muchos profesionales sin respetar lo que se considera como objeción de conciencia, y en ese sentido reclamó definir la práctica y mayor especificidad para establecer quién y por qué la realiza.
Acerca de este tema, Couto señaló que en las entrevistas muchas veces estuvo implícita una toma de postura común de todos los ginecólogos del departamento sobre el tema, cuando la objeción responde a motivos estrictamente personales y no a procesos colectivos.
Secretos a voces
Por su parte, tanto Couto como Abracinskas aseguraron que a partir de los testimonios recogidos puede afirmarse que la práctica clandestina sigue existiendo en Salto, pese a que no cuentan con elementos probatorios que lo sustenten.
Sobre este punto, los responsables de la aplicación de la ley de IVE del departamento afirmaron que pese a la actual objeción, tienen registros de la venta de misoprostol en farmacias, anteriores a la aplicación de la ley.
Otro de los temas que constituyen una dificultad es el traslado a Montevideo de aquellas mujeres que efectivamente quieran interrumpir el embarazo. Por ejemplo, muchas veces el equipo multidisciplinario les dice a quienes consultan que la IVE puede realizarse “siempre y cuando se animen a ir solas a la capital”, cuando muchas de ellas no conocen esa ciudad. Por este motivo, ASSE coordina con organizaciones de la sociedad civil que hacen convenios con el Ministerio de Desarrollo Social para efectivizar los traslados.
Desde MYSU también se manifestó preocupación por el cumplimiento voluntario de la cuarta consulta -la que se realiza después de efectuado el aborto-, ya que muchas veces no se concreta, y en general se deja para esa instancia el abordaje de situaciones de violencia o falta de información sobre métodos anticonceptivos detectados en consultas anteriores.
Las autoridades del Ministerio de Salud Pública no pudieron estar en la actividad por motivos de agenda, y MYSU las identifica como el sector más “árido” para intercambiar opiniones dentro de las instituciones responsables de la implementación de la ley de IVE. Según Abracinskas, esto se debe a que en el año electoral la postura del gobierno es más la de reafirmar sus logros que la de revisar los problemas, aunque, de todas formas, dirige sus expectativas a abrir el diálogo con el gobierno que asuma en 2015. Según la activista, de acuerdo a la experiencia propia y la de otros países, habría que revisar que la prescripción del aborto mediante medicación deba realizarla sí o sí un ginecólogo, y desde el punto de vista de los costos también entendió que debería reconsiderarse todo el “tránsito” y la cantidad de profesionales que se debe consultar para efectuar la IVE. En este sentido, también reclamó un cambio en la formación de los profesionales y entendió que no se trata sólo de capacitación e información, sino que debe apuntarse a “cambiar una concepción de la atención en salud que esté sustentada en el respeto y la no vulneración de derechos”.
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