A lo largo de dos meses, unas 1.200 personas fueron condenadas a muerte en un fallo judicial de primera instancia por manifestaciones violentas, la toma de una comisaría y la muerte de un coronel de la Policía en Egipto. Estos hechos ocurrieron luego del brutal desalojo de los campamentos de protesta por el derrocamiento del presidente Mohamed Mursi, en julio. Además, la Justicia egipcia prohibió las actividades de la organización civil que impulsó las movilizaciones contra Mursi.
El máximo líder espiritual de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badie, fue condenado a muerte ayer junto a otras 719 personas acusadas de actos violentos en el marco de las protestas por la caída de Mursi a manos de militares. Una vez derrocado Mursi, los Hermanos Musulmanes fueron prohibidos debido a las manifestaciones que impulsó el grupo contra el nuevo gobierno.
Las condenas no son todavía firmes, y antes de que el juez emita un fallo definitivo en junio, el muftí de Egipto, Shauqui Alam, la máxima autoridad religiosa del país, deberá pronunciar un dictamen no vinculante sobre un total de 683 penas de muerte -entre ellas, la de Badie-.
El tribunal de la ciudad de Minia dispuso estas condenas al juzgar a unas 1.200 personas en dos “macrojuicios” que fueron denunciados por la falta de garantías legales, según dijeron abogados y defensores de los derechos humanos a la prensa.
En otro caso resuelto por ese tribunal, el mismo magistrado, Said Yusef, que según la agencia de noticias Efe es llamado por sus detractores el “juez de las ejecuciones”, condenó a pena de muerte -esta vez sí en sentencias firmes, que no se pueden apelar- a 37 personas. A otras 491 les conmutó esa pena por cadena perpetua. Todas ellas fueron declaradas culpables de atacar comisarías, edificios gubernamentales e iglesias, y de asesinar a un coronel de la Policía en la localidad de Matay. Este grupo de más de 520 personas, de las cuales unas 350 están prófugas, había sido condenado a muerte en marzo.
Tanto en los juicios de ayer como en los de marzo, varios de los acusados que no están prófugos no pudieron asistir al tribunal por “motivos de seguridad”, y esto fue cuestionado por sus defensores. La condena se emitió en la segunda audiencia y varios acusados no pudieron ser defendidos por sus abogados, a los que no se autorizó entrar al tribunal.
A estas acciones judiciales contra los Hermanos Musulmanes, que son casi habituales desde la caída de Mursi, se sumó también ayer la prohibición del Movimiento 6 de Abril. Esa organización civil, cuyo nombre hace referencia a la primera manifestación masiva que hubo en 2008 en contra del presidente de entonces, Hosni Mubarak, está dominada por jóvenes militantes. En junio y julio éstos encabezaron las protestas contra Mursi, que en 18 días desembocaron en su destitución por parte del Ejército.
Sin embargo, el Movimiento 6 de Abril volvió a manifestar en noviembre junto a movimientos laicos y afines a la izquierda en contra de una norma, aprobada por el gobierno que sustituyó a Mursi, que limitaba el derecho a manifestarse. En diciembre, el líder de esa organización, Ahmed Maher, fue condenado a tres años de cárcel por haber violado esa misma ley contra la que protestaba.
Con estas medidas queda claro que después de la caída de dos presidentes en tres años, los poderes tradicionales egipcios, que son el Judicial y las Fuerzas Armadas, quieren mantener el control, sobre todo con las elecciones del 26 y 27 de mayo a la vista. Para esa instancia, el favorito es Abdel Fatah al Sisi, quien hasta hace poco era el máximo jefe de las Fuerzas Armadas. Su único contrincante será el político de izquierda Hamdin Sabahi, al que se define como un seguidor de Gamal Abdel Nasser.
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