Los hijos de los presos son ignorados por las políticas sociales estatales. Según estudio, deben asumir roles adultos y “vulneran” sus derechos
Él tenía una manera de ser y cuando el padre cayó no me comía, pasaba con fiebre, lloraba por todo. Yo le preguntaba qué le pasaba y él respondía que ‘papá no viene’”. Esa es la respuesta de una madre uruguaya al ser consultada sobre los cambios que sufren los niños cuando alguno de sus padres se encuentra privado de libertad y fueron recogidas en el marco de la investigación “Invisibles: ¿hasta cuándo?”, realizada por Church World Service América Latina y el Caribe (CWS), y Gurises Unidos, en Uruguay, Brasil, Nicaragua y República Dominicana.
En Uruguay hay unos 10.525 niños, niñas y adolescentes cuyos padres se encuentran privados de libertad, según cifras surgidas a partir de un estudio realizado en 2010 por el Servicio de Paz y Justicia del Uruguay (Serpaj). Eso, según la investigación de Gurises Unidos y la CWS, muestra que cada persona encarcelada tiene un promedio de 1,15 hijos. Estos datos son utilizados además en el estudio para estimar la cantidad de hijos en los demás países de América Latina, ya que no existen cifras en ningún otro país de la región.
Según el estudio, el encarcelamiento de alguno de los padres genera impactos en la vida cotidiana y hace a la vulneración de los derechos de los niños y adolescentes, los que deben asumir roles adultos a edad temprana, como el trabajo o las tareas del hogar; sufren transtornos psicológicos o tienen dificultades para continuar sus estudios. Pueden experimentar además cambios en el comportamiento, adaptando conductas agresivas. Todo esto, en un marco desprovisto de respuestas públicas, o medidas que tratan el problema desde una perspectiva “adultocéntrica”.
Así, señala el estudio, “los niños de personas presas son las víctimas invisibles del delito y del sistema penal”, una realidad que hace que “sus derechos de crianza se vean afectados tanto por la acción delictiva del progenitor como por la respuesta del Estado en nombre de la justicia”.
En Uruguay, según el informe, no hay instituciones públicas específicas, legislación o protocolos que atiendan a las familias de las personas presas y en especial a sus hijos menores, aunque sí existen proyectos de la sociedad civil, como el establecimiento El Molino, que desde 2010 aloja a mujeres presas con hijos.
La mayoría de los niños cuyo padre es encarcelado, permanecen al cuidado de sus madres, pero cuando la situación es a la inversa, solo el 10 % de los niños queda a cargo de sus padres, lo que agrava la falta de cuidados.
En un contexto donde una gran proporción de los presos proviene de sectores pobres, la falta de un adulto que aporte representa además una mayor probabilidad de deterioro de las condiciones de los niños y adolescentes, los que pueden llegar incluso a perder beneficios sociales.
Además de los problemas económicos y personales, ser el hijo de una persona presa se transforma en un estigma, que lleva a que “sean expulsados de distintos espacios de circulación social y ciudadana”, lo que afecta directamente su autoestima.
Por otra parte, esa estigmatización hace que los niños y adolescentes creen una “identidad de resistencia” que conlleva la transgresión de las normas y las leyes en una “naturalización de las actividades ilegales”. La forma de rebelarse los hace reproducir el lugar simbólico que les otorga la comunidad.
La investigación, que dice ser una “aproximación a la vida y derechos de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos encarcelados en América Latina y el Caribe” –y la califica como una problemática “invisible”–será presentada mañana jueves 31 de julio a las 9 horas, en la Sala Dorada de la Intendencia de Montevideo. Disertarán el ministro del Interior Eduardo Bonomi y la embajadora de Estados Unidos, Julissa Reynosso, entre otras autoridades.
En Uruguay hay unos 10.525 niños, niñas y adolescentes cuyos padres se encuentran privados de libertad, según cifras surgidas a partir de un estudio realizado en 2010 por el Servicio de Paz y Justicia del Uruguay (Serpaj). Eso, según la investigación de Gurises Unidos y la CWS, muestra que cada persona encarcelada tiene un promedio de 1,15 hijos. Estos datos son utilizados además en el estudio para estimar la cantidad de hijos en los demás países de América Latina, ya que no existen cifras en ningún otro país de la región.
Según el estudio, el encarcelamiento de alguno de los padres genera impactos en la vida cotidiana y hace a la vulneración de los derechos de los niños y adolescentes, los que deben asumir roles adultos a edad temprana, como el trabajo o las tareas del hogar; sufren transtornos psicológicos o tienen dificultades para continuar sus estudios. Pueden experimentar además cambios en el comportamiento, adaptando conductas agresivas. Todo esto, en un marco desprovisto de respuestas públicas, o medidas que tratan el problema desde una perspectiva “adultocéntrica”.
Así, señala el estudio, “los niños de personas presas son las víctimas invisibles del delito y del sistema penal”, una realidad que hace que “sus derechos de crianza se vean afectados tanto por la acción delictiva del progenitor como por la respuesta del Estado en nombre de la justicia”.
En Uruguay, según el informe, no hay instituciones públicas específicas, legislación o protocolos que atiendan a las familias de las personas presas y en especial a sus hijos menores, aunque sí existen proyectos de la sociedad civil, como el establecimiento El Molino, que desde 2010 aloja a mujeres presas con hijos.
La mayoría de los niños cuyo padre es encarcelado, permanecen al cuidado de sus madres, pero cuando la situación es a la inversa, solo el 10 % de los niños queda a cargo de sus padres, lo que agrava la falta de cuidados.
En un contexto donde una gran proporción de los presos proviene de sectores pobres, la falta de un adulto que aporte representa además una mayor probabilidad de deterioro de las condiciones de los niños y adolescentes, los que pueden llegar incluso a perder beneficios sociales.
Además de los problemas económicos y personales, ser el hijo de una persona presa se transforma en un estigma, que lleva a que “sean expulsados de distintos espacios de circulación social y ciudadana”, lo que afecta directamente su autoestima.
Por otra parte, esa estigmatización hace que los niños y adolescentes creen una “identidad de resistencia” que conlleva la transgresión de las normas y las leyes en una “naturalización de las actividades ilegales”. La forma de rebelarse los hace reproducir el lugar simbólico que les otorga la comunidad.
La investigación, que dice ser una “aproximación a la vida y derechos de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos encarcelados en América Latina y el Caribe” –y la califica como una problemática “invisible”–será presentada mañana jueves 31 de julio a las 9 horas, en la Sala Dorada de la Intendencia de Montevideo. Disertarán el ministro del Interior Eduardo Bonomi y la embajadora de Estados Unidos, Julissa Reynosso, entre otras autoridades.
http://www.elobservador.com.uy/noticia
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