Asunción, la capital paraguaya, despertó ayer con su rutina completamente trastocada por el paro general convocado por sindicatos, campesinos y otras organizaciones sociales de Paraguay, que tuvo el respaldo de algunos partidos opositores al gobierno que encabeza Horacio Cartes. Poco tránsito, cortes de calles y comercios cerrados fueron parte de una postal que Asunción no veía desde hacía 20 años.
Fue el 2 de mayo de 1994 la última vez que los sindicatos paraguayos convocaron una jornada de paro, y aquélla, como ésta, tuvo un gran éxito de convocatoria, reuniendo, además, a sectores muy diversos que coincidían en algunos puntos de sus reclamos. La fecha de la movilización de ayer fue elegida para que coincidiera con la Marcha del Campesinado Pobre, que es organizada todos los años por la Federación Nacional Campesina (FNC) para conmemorar la Masacre del Marzo Paraguayo, que desembocó en la renuncia del presidente Raúl Cubas en 1999, durante la cual también fue asesinado un miembro de la FNC. Además del campesinado, el paro y las movilizaciones de ayer fueron convocadas por cinco organizaciones que reúnen a su vez a prácticamente todos los sindicatos, movimientos estudiantiles y partidos de izquierda de Paraguay.
Cada sector que adhirió al paro tenía sus reclamos, pero la consigna tenía cinco puntos. Uno de ellos es un ajuste del salario mínimo de 25%, algo que los sindicatos vienen reclamando al gobierno, que les concedió 10% en uno de sus últimos intentos de desmotivar la realización del paro. Los trabajadores argumentan que el salario real decreció 25% desde 1990 y que ese 10% equivale a la inflación, pero no a un crecimiento real del poder adquisitivo.
También se reclamó por la libertad sindical, ya que los trabajadores aseguran que esa garantía constitucional no se está cumpliendo, y por un control de precios de los productos de la canasta básica familiar. Además, se exigió la reducción del precio del boleto de transporte público, que aumentó 20% el 1º de enero, un reclamo compartido por la ciudadanía en general, que salió a manifestarse cuando empezó a aplicarse, y recibió el compromiso de las autoridades de que se trabajaría en mejorar la calidad del transporte público.
Asimismo, como parte de la consigna se pedía la derogación de la ley de Alianza Público-Privada, una norma aprobada en el Congreso tras largos debates y sin el respaldo de algunos sectores opositores, como el Frente Guasú, que al igual que los sindicatos consideraron que la nueva legislación es una herramienta para habilitar una privatización encubierta de algunos sectores de la economía.
El paro general de ayer llegó con el precedente de que 2013 cerrara con un crecimiento económico de 13%, un récord en Paraguay, cifra alcanzada básicamente por la bonanza impulsada por la expansión del agronegocio, que está en manos de un reducido grupo de latifundistas. Esa bonanza no se está viendo reflejada en el resto de la sociedad, y el reclamo de fondo de las movilizaciones de ayer era que esos mejores ingresos se distribuyan entre toda la población. Las centrales sindicales y algunos líderes partidarios aseguraron que el paro tuvo una adhesión de 90% y el gobierno no contrarrestó esa cifra. “Asunción ha amanecido casi vacía, con sólo 10% de circulación de vehículos y con la mayoría de colegios cerrados. [...] No esperábamos semejante éxito”, reconoció Víctor Ferreira, secretario general del Sindicato Central Unitario de Trabajadores-Auténtica.
El gobierno invitó ayer a los distintos sectores a una mesa de diálogo. La reacción de los sindicatos fue desigual, en parte porque se puso en duda la disposición del gobierno a abrir negociaciones con consecuencias reales. Si bien el presidente Cartes reconoció tenuemente que los reclamos sindicales son válidos, designó al vicepresidente Juan Afara para que comience el diálogo, cuando en realidad el poder de decisión real lo tiene Cartes. En todo caso, Ferreira aseguró que si no ven una disposición clara del gobierno para atender sus reclamos, convocarán otro paro en cuatro meses.
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