Las 24 cámaras empresariales del país se reunieron esta mañana para analizar el proyecto de ley de responsabilidad penal empresarial que se discute en el Parlamento y que pretende sancionar con prisión a los empleadores que no ofrezcan las garantías para evitar accidentes laborales.
Tras el encuentro, hicieron un enfático rechazo al proyecto de ley y se declararon en sesión permanente “a efectos de analizar todas las vías que, ajustada a derecho, correspondan para la defensa de la libertad individual de los empleadores de este país”.
Los empresarios apuestan a que se incorpore el concepto de “omisión deliberada” al proyecto de ley y sostienen que éste tiene vaguedades o aspectos que no están del todo claros.
Además insisten en que el nombre del proyecto no es adecuado porque solamente se culpa a los empleadores y nada dice de las responsabilidades que tienen los trabajadores o el Estado, “que también son otros actores responsables”.
En el comunicado que emitieron aclaran que “este proyecto de creación de delito, de aprobarse se aplicará a cualquier persona que cuente con uno o más trabajadores de forma zafral, permanente o eventual, del sector industrial, comercial, servicios, rural, de construcción, doméstico, de cooperativas, administradores y copropietarios de edificios, almaceneros, artesanos, kiosqueros, peluqueros, clubes deportivos, etc.
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