El vicepresidente está acusado de "negociaciones incompatibles con la función pública" y tendrá que prestar declaración el próximo 15 de julio.
El juez Ariel Lijo aseguró en su resolución que "aprovechando su condición de funcionario publico", Boudou habría tenido "injerencia" para que una compañía impresora de dinero que había quebrado, Ciccone Calcográfica, fuera condonada por el fisco y quedase en manos de un empresario acusado de ser su testaferro.
La causa judicial contra el vicepresidente lo ha puesto bajo un intenso escrutinio público debido al supuesto favorecimiento que dio a la imprenta.
El jefe de Gabinete de la presidenta, Jorge Capitanich, aseguró este viernes que "siempre se ha manifestado su voluntad (de Boudou) de cumplir con las instancias judiciales. Está a disposición de la justicia como siempre".
Según el corresponsal de BBC Mundo en Buenos Aires, Ignacio de los Reyes, los niveles de popularidad de Boudou han caído vertiginosamente en los últimos años por los escándalos de supuesta corrupción.
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