El director nacional de Políticas Sociales, Andrés Scagliola, resaltó que Uruguay ha consolidado las políticas públicas para la “inclusión social con acciones que permiten la disminución de la brecha educativa, laboral y de acceso a derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales y transexuales (LGTB)”.
El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) presentó el libro “Diversidad sexual en Uruguay. Las políticas de inclusión social para personas LGTB del MIDES 2010-2014”, en el marco del convenio entre la Dirección Nacional de Políticas Sociales (DNPS) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPRA).
En tal sentido, Scagliola dijo que en los últimos cinco años “aumentaron de manera significativa las acciones públicas vinculadas a la inclusión social de personas lesbianas, gay, bisexuales y transexuales (LGBT)”.
Enumeró entre las políticas públicas que ejecuta el gobierno: “La posibilidad de que las personas transexuales puedan cambiar su documento de identidad; la tarjeta Uruguay Social que alcanzó a los 850 beneficiarios; el aumento de cupos laborales en el programa Uruguay Trabaja y en los organismos públicos”.
“Estas acciones permitieron disminuir la brecha educación, laboral y de acceso a sus derechos”, dijo el jerarca del MIDES.
Recordó que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social elabora un decreto modificativo del programa “Objetivo Empleo”, que permitirá subsidiar a empresas privadas que contraten personas transexuales.
Espacio educativo
Scagliola reconoció que el espacio educativo muchas veces es “discriminador” porque hace que las personas gay o lesbianas “se desafilien del sistema educativo, condenándolos a una vida de exclusión”.
El jerarca dijo también que la Guía Didáctica “Educación y Diversidad Sexual”, que elaboró Inmujeres junto con el colectivo Ovejas Negras, es un “instrumento adecuado para trabajar el tema de la diversidad desde una perspectiva de derechos e igualdad en los centros educativos”.
Scagliola aguarda que las próximas autoridades educativas, que asumirán sus funciones el 1º de marzo, “utilicen esta herramienta para que las instituciones tengan una referencia de cómo comportarse y no repetir pautas discriminatorias vinculadas a la sexualidad y el derecho de las personas”.
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