Para millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, el fallo de un juez federal en el estado de Texas de bloquear las favorables medidas migratorias recientemente ordenadas por el presidente Barack Obama cae como un balde de agua fría.
La decisión del juez Andrew Hanen contra la acción ejecutiva anunciada por Obama el 20 de noviembre, que evitaría la deportación de unos cinco millones de indocumentados, retrasa los programas de solicitudes de ese amparo, uno de los cuales debía comenzar este miércoles 18 de febrero.
La medida fortalece la oposición de 26 estados, en su mayoría gobernados por republicanos, que han demandado a la administración de Obama por considerar la acción ejecutiva anticonstitucional.
"La victoria de hoy es importante, pero la lucha para revertir la extralimitación inconstitucional del presidente no ha terminado", reaccionó en un comunicado el senador republicano por el estado de Texas John Cornyn.
El gobierno federal se espera que presente una apelación al fallo del juez en Texas en un tribunal en Nueva Orleans, pero existen dudas de que se pueda evitar el traspié para empezar a aceptar las solicitudes de protección contra la deportación y de permisos de trabajo.
Bajo el sistema legal de EE.UU., podrían pasar meses (hasta cinco, según los expertos), antes de resolver el impasse para que los indocumentados se puedan beneficiar de la ley.
Un día antes
La decisión del juez federal Andrew Hanen contra la acción ejecutiva de Obama sucede en la víspera de que el gobierno estadounidense comenzara a recibir los formularios de inmigrantes indocumentados mayores de 30 años, que llegaron al país como menores, solicitando protección contra la deportación y permisos de trabajo.
El fallo también afecta otro programa que tenía previsto beneficiar a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes a partir de mayo próximo.
Ambos programas tienen previsto ofrecer un alivio temporal o "acción diferida" contra la deportación, más posibilidad de empleo, durante tres años a unos cinco millones de inmigrantes que entraron ilegalmente a EE.UU.
Ahora esos planes quedan suspendidos hasta que se logren resolver las diferencias legales en los tribunales.
¿Decisión "frívola"?
Sin embargo, los activistas de los derechos de los inmigrates reaccionaron con indignación ante lo que consideraron una decisión "frívola" del juez en Texas.
"Este fallo está muy apartado de lo que es la ley; bajo el manto de la jurisprudencia, los antiinmigrantes están jugando al teatro político y arriesgando la unidad de millones de familias", expresó en un comunicado Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, la Coalición de Derechos Humanos de Inmigrantes de Los Ángeles, California.
Tanto CHIRLA como otras organizaciones afines manifestaron su determinación de continuar la lucha en lo que consideran "un largo proceso legal".
Más allá de las demoras y obstáculos al alivio temporal de indocumentados que propone el gobierno es la incertidumbre que crea entre la comunidad de inmigrantes potencialmente afectados.
Dudas y desconfianza
La Casa Blanca sabe muy bien que, de por sí, estos programas solo funcionarán si un buen número de indocumentados elegibles "salen de entre las sombras de la ilegalidad" para integrarse y regularizar su situación, aunque fuera temporal.
Pero, para muchos indocumentados, esa salida implica exponerse a las autoridades migratorias en caso de que no resulten elegibles para el programa.
Para los que puedan salir beneficiados, el temor es que el beneficio sólo sea temporal.
Además, las leyes pueden fácilmente cambiar cuando entre un nuevo gobierno, en menos de dos años, o por una demanda en un tribunal, como está sucediendo ahora.
Desde el punto de vista de un inmigrante indocumentado se puede pensar que una vez se sale de las sombras ya se no puede regresar a ese refugio y se queda convertido en blanco fácil de detención, sanción y deportación.
Los "soñadores"
Cuando en 2012 la administración de Obama creó el primer programa de acción diferida para jóvenes inmigrantes que habían entrado como menores ilegalmente de la mano de sus padres (DACA, por sus siglas en inglés) hubo gran entusiasmo inicial.
Particularmente entusiasmados estaban los llamados dreamers ("soñadores"), aquellos jóvenes elegibles que eran estudiantes sobresalientes, estaban integrados en la sociedad y hablaban perfecto inglés, no obstante su condición de indocumentados.
Sin embargo, los grupos de apoyo a los inmigrantes pronto encontraron que la gran dificultad era convencer a las personas a solicitar para el programa.
En ese entonces, BBC Mundo conversó con varios dreamers que expresaron sospecha sobre las intenciones del gobierno con DACA y de los temores de un revés en las leyes.
El problema se acentúa con la ampliación del programa que anunció Obama en noviembre, pues afecta a indocumentados mayores y menos integrados.
Muchos de ellos están aislados, no dominan el idioma, no conocen bien la ley ni sus derechos legales y tienen un profunda desconfianza de las autoridades y las instituciones.
Tira y afloje legal
Las interdicciones, apelaciones, demandas y contrademandas no son nada nuevo en la política estadounidense, particularmente en el ámbito migratorio.
Son una manera de establecer la separación de los tres poderes del gobierno, en este caso la rama judicial que cuestiona la legalidad de cómo el ejecutivo procedió para implementar sus órdenes de amparo a los inmigrantes.
También sirven para manifestar la independencia de los diferentes estados de la unión cuando consideran que la ley federal entra en conflicto con sus propias leyes estatales.
Muchas veces, sin embargo, tienen visos políticos.
No es coincidencia que la mayoría de los estados que están demandando al gobierno sean republicanos que se oponen la medida de Obama.
Las demandas suelen ser interpuestas a través de las fiscalías del estado o mediante tribunales donde rige un juez afín a las políticas conservadoras.
Si bien esos fallos pueden ser desestimados y revertidos en tribunales de última instancia, el tira y afloje legal demora y aplaza la aplicación de la ley.
Es un tiempo del cual no goza el gobierno de Barack Obama, al cual le queda menos de dos años en el poder, y un tiempo con el que muchos indocumentados no quieren arriesgarse.
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