El Gobierno notifica al Congreso la decisión de trasladar a los reos en los próximos 30 días
El Gobierno de Estados Unidos notificó este miércoles al Congreso su intención de transferir a Uruguay a seis presos de la cárcel de la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba. La notificación se produce después de que Washington y Montevideo cerraran un acuerdo para el envío de los reclusos, considerados de bajo perfil y escaso peligro, y llega casi cuatro mes después de que el presidente uruguayo, José Mujica, anunciara su disposición a acogerlos a petición del Gobierno de Barack Obama.
Una reciente ley determina que el Departamento de Defensa debe informar con 30 días de antelación al Congreso sobre nuevas transferencias de presos y aclarar que existen garantías de que los reos no suponen un riesgo para la seguridad nacional. Y esto es lo que hizo este miércoles el secretario de Defensa, Chuck Hagel, según informó inicialmente el diario The New York Times y posteriormente otros medios.
Con la notificación, Hagel pretende volver a los procedimientos habituales después de la polémica que desató a finales de mayo entre los legisladores el hecho de que el Congreso no fuera informado a tiempo del envío a Qatar de cinco presos talibanes de Guantánamo a cambio de la liberación del sargento estadounidense Bowe Bergdahl,que llevaba casi cinco años en cautiverio en Afganistán. El Gobierno Obama justificó el secretismo en motivos de seguridad.
De hecho, la liberación de Bergdahl ha retrasado el acuerdo para el traspaso de los seis presos a Uruguay, cuatro de los cuales son sirios, uno palestino y el restante tunecino. Los reos podrían llegar a Uruguay en pocas semanas, ya que es improbable que el Congreso bloquee la medida.
Se desconocen los detalles concretos del acuerdo entre Washington y Montevideo para la transferencia de los seis presos
“Estados Unidos agradece a Uruguay, nuestro socio, su importante gesto humanitario y aprecia la generosa asistencia del Gobierno uruguayo mientras Estados Unidos continúa con sus esfuerzos para cerrar Guantánamo”, dijo Ian Moss, un portavoz del Departamento de Estado, en un comunicado remitido a EL PAÍS. “Seguimos apreciando mucho la asistencia de nuestros amigos y aliados, que han dado un paso al frente al recibir a compatriotas y también a los países que han aceptado a arrestados para reasentamiento".
El traslado de los presos fue abordado en la reunión que mantuvieron en mayo en la Casa Blanca los presidentes Obama y Mujica, prisionero político durante los años de la dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985), que era respaldada por EE UU.
De momento, se desconocen los detalles concretos del acuerdo de transferencia de los seis presos. En las últimas semanas ha trascendido que, ante las críticas que ha generado la decisión de Mujica en su país, Montevideo trataba de condicionar el traspaso de los presos a que EE UU libere a los tres agentes cubanos -del grupo inicial de cinco- encarcelados en 2001 en Florida tras ser detenidos en 1998 y condenados por espionaje, algo que Washington ya anticipó que no sucedería.
También trascendió que el Gobierno uruguayo rechazaba la petición estadounidense de radicar de manera obligatoria a los reos en territorio nacional por un periodo de dos años. “Cuando Uruguay les pueda otorgar el salvoconducto son ciudadanos libres, no van a tener las condiciones de Guantánamo o similares, son hombres libres con derecho a integrarse a nuestra sociedad”, dijo a finales de marzo el ministro del Interior de Uruguay, Eduardo Bonomi.
Con la salida de estos seis presos -que suponen el traspaso más numeroso desde 2009- la población en la cárcel cubana se rebajará a un total de 143 reos. De éstos, 72 han sido aprobados para ser transferidos al ser considerados poco peligrosos. Por el momento, la Administración Obama ha trasladado a 89 reclusos fuera de Guantánamo, de los cuales alrededor de 50 han sido enviados a terceros países, como sucederá ahora en el caso de Uruguay.
El cierre de la prisión de Guantánamo fue una de las promesas electorales de Obama para acabar con uno de los símbolos más funestos de la lucha contra el terrorismo, pero desde que llegó a la Casa Blanca en 2009 ha sido incapaz de lograr la aprobación del Congreso. Tras los atentados del 11-S, el penal fue establecido en 2002 por el entonces presidente George W. Bush para recluir a los sospechosos de pertenecer a Al Qaeda y dejarlos fuera de la protección legal que rige en los tribunales federales estadounidenses.
JOAN FAUS Washington
No hay comentarios.:
Publicar un comentario