La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de un grupo de expertos independientes, concluyó que la versión oficial sobre el destino de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa –que fueron muertos e incinerados- carece de fundamento y es falsa. El Gobierno de México salió de inmediato al cruce asegurando que abrirá una nueva investigación para conocer la verdad.
Los peritos aseguran que los restos de combustible hallados en el lugar de la denuncia “no alcanza para quemar ni a uno” de los eventuales cuerpos de los 43 desaparecidos. Foto: Agencia Prensa Rural.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), asegura en su documento de conclusiones, un legajo de 550 páginas, que no hay evidencia alguna de que los estudiantes fueran incinerados en un basurero. La Procuraduría General de la República afirmó que los estudiantes fueron llevados por sicarios del grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos a un basurero, donde los asesinaron y quemaron los cadáveres. Los peritos aseguran que los restos de combustible hallados en el lugar de la denuncia “no alcanza para quemar ni a uno” de los eventuales cuerpos, para lo que habrían sido necesarias no menos de 30 toneladas de madera ardiendo unas 60 horas de continuo.
Las otras argumentaciones que se derrumban
Otro argumento de la Procuraduría es que fueron muertos, en tanto buscaban entorpecer un acto del alcalde de Iguala y su esposa y que habían sido confundidos con miembros de Los Rojos, un grupo criminal rival de Guerreros Unidos. El GIEI tiene pruebas que en Iguala está operando una red de tráfico de heroína, que lleva la droga a Estados Unidos en ómnibus de línea.
Uno de los buses que los estudiantes emplearon en la noche trágica, nunca fue denunciado por las autoridades, ni investigado, y cuando los expertos exigieron revisarlo, la compañía presentó otro autobús distinto: la policía nunca indagó el bus que los técnicos creen llevaba la heroína.
Finalmente la comisión insiste en la necesidad de revelar el rol que jugaron las Fuerzas Armadas en el hecho, ya que el Gobierno de México sigue prohibiendo indagar a los uniformados. En dos de los autobuses había agentes de Inteligencia del Ejército, que han desaparecido de sus lugares habituales. Los técnicos concluyen que hubo “necesidad de un nivel coordinación central que dio las órdenes”, para llegar a lo acontecido
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