Los directores del Banco de Seguros del Estado coincidieron de forma unánime en apartar de sus cargos a cinco peritos, e indagar a otros funcionarios, además de llevar a la Justicia Penal, los antecedentes de una trama de corrupción cuyos alcances aún se intentan dilucidar completamente.
Los cinco peritos, presumiblemente en acuerdo con algunos de los talleres mecánicos intervinientes, sobrevaluaban las tasaciones de vehículos accidentados hasta en un 200% más allá de lo que realmente hubiera costado compensar el costo del siniestro en el mercado normal.
Las maniobras se detectaron después que el indicador del costo siniestral del BSF, resultara con abultadas distorsiones, algo que llamó la atención de los funcionarios a cargo. La sobrevaluación fue confirmada y en función de ello el directorio resolvió apartar de sus cargos a los involucrados, además de “profundizar las investigaciones”, además de remitir los antecedentes a la Oficina Nacional del Servicio Civil –donde adoptarán postura sobre la acción de los funcionarios- además de dar parte a la Justicia Penal, para que actúe en consonancia.
Dos investigaciones en paralelo concluyen casi por igual
Ante las primeras irregularidades detectadas, el BSE ordenó dos investigaciones en paralelo, una interna y otra externa, las que coincidieron casi de igual forma en el sentido de que había sobrevaluaciones.
El presidente del BSE, Mario Castro, dijo además al matutino El País, que se han detectado “situaciones que ameritan” una profundización de las investigaciones, lo que podría “involucrar” a más personas sin descartar en absoluto a los talleristas que participaron en los distintos acuerdos.
La investigación se desarrolló desde principios de este año, cuando se detectaron irregularidades en las carpetas de autos siniestrados, uno de ellos de alta gama, por el cual el BSE estaba a punto de pagar US$70.000 de valor total, cuando los peritos entendieron que con US$10.000 era suficiente para la reparación a nuevo.
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