Nuevos elementos se suman ahora al tenso relacionamiento entre docentes y gobierno que generan, además, diferencias en la propia interna del Frente Amplio. La mañana en que supuestamente se hacía efectivo el decreto de esencialidad, a la vuelta del feriado del martes, la Ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, pidió a su colega de Interior, Eduardo Bonomi el desalojo de los centros ocupados para que se pudiera dictar clases.
La respuesta fue con un no categórico en el entendido que “era totalmente inconducente hacer eso, entre otras cosas porque son adolescentes y porque además generaría una reacción en cadena”, según publicó La Diaria en base a fuentes.
Según trascendió el tema debió saldarse durante el pasado Consejo de Ministros, realizado el lunes en Torre Ejecutiva.
Durante la reunión el presidente Tabaré Vázquez apoyó a Bonomi y se decidió no intervenir en los centros de estudios ocupados.
El diputado Alejandro Sánchez, presidente de la Cámara de Diputados y primer diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), dijo esta mañana en Inicio de Jornada de radio Carve que no estaba enterado de este pedido, pero en su opinión “una medida de esa naturaleza vendría echarle nafta al fuego, hay que convocar al diálogo y no creo que sea oportuno plantear desalojar liceos”.
En relación a las diferentes posturas que se han expresado en los sectores del Frente Amplio sobre el decreto de esencialidad, Sánchez señaló que “No hay una división en el Frente Amplio, sino miradas distintas sobre el tema”.
El MPP es uno de los sectores que pide se levante el decreto: “El (Poder) Ejecutivo debe reconocer su error”, dijo Sánchez, y agregó que “sería un acto de grandeza y de fortaleza política” levantar la esencialidad.
Sin señal
Alentados por la demostración de fuerza que hicieron ayer en el Centro de Montevideo, los sindicatos de la educación pública no dan señales de deponer el paro y retomar las clases.
El Gobierno se aferra a la declaración de esencialidad y ayer se limitó a ofrecer dejar en suspenso hasta el lunes cualquier sanción derivada del evidente desacato al decreto.
No ha enviado hasta ahora telegramas a los funcionarios ni adoptado sanciones, aunque tiene bien claro quiénes han asistido a cumplir tareas en los centros de estudios. Se evalúa que hay centros de estudio que funcionan con normalidad y que las asambleas sindicales no son un barómetro totalmente confiable para evaluar el nivel de acatamiento a los paros.
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