Los arrestos no aportan revelaciones claras sobre el caso de la desaparición de 43 estudiantes en el Estado mexicano de Guerrero
Las autoridades mexicanas han detenido a otros diez policías del municipio de Iguala, en Guerrero, relacionados con la muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre. Esta es la primera novedad que se ha dado a conocer en 2015 de un caso que aguarda justicia y que ha marcado a la presidencia de Enrique Peña Nieto.
Las detenciones fueron realizadas en una región de Guerrero y en una fecha no especificada por miembros de la Fiscalía General y la Gendarmería, una división de la Policía Federal creada expresamente por Peña Nieto para patrullar las zonas asoladas por el narcotráfico. La Gendarmería llegó en octubre a este Estado, uno de los más violentos del país, para hacerse cargo de la seguridad pública de Iguala. Los policías detenidos fueron trasladados a la ciudad de México para ser interrogados en una subprocuraduría especializada en delitos de delincuencia organizada.
Desde la fatídica noche del 26 de septiembre 58 policías de este municipio y de Cocula, el contiguo, han sido detenidos, de un total de 90 arrestados, entre narcotraficantes y políticos implicados. La fiscalía cree que los agentes trabajaban para los Guerreros Unidos, el cartel de la región, y que entregaron a los estudiantes a los narcotraficantes para que fueran ejecutados. Al día de hoy solo uno de los desaparecidos, Alexander Mora, ha sido identificado gracias a los restos óseos que los peritos hallaron en un basurero de la región.
Las pesquisas, sin embargo, aún no han logrado aportar piezas fundamentales de este puzle que ha quebrado la cabeza a las autoridades. Felipe Flores Velázquez, el exjefe de la policía de Iguala (que fue detenido y liberado por la policía ministerial de Guerrero poco después del incidente), sigue estando prófugo a pesar de que el Gobierno ha emprendido una cacería humana en todo el país para ubicarlo.
Las declaraciones del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, detenido en octubre, aseguran que su operador en la región, Gildardo López Astudillo, apodado El Gil, se encuentra a salto de mata junto con Felipe Flores en la sierra de Guerrero. Ambos sospechosos podrían confirmar que José Luis Abarca, el alcalde de Iguala, ordenó a su jefe policial detener a los estudiantes y entregarlos al narcotráfico.
Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron detenidos el 4 de noviembre en la ciudad de México. El matrimonio ha sido señalado por las autoridades como los autores intelectuales del crimen. Abarca se encuentra en una cárcel de máxima seguridad,acusado de homicidio calificado de uno de sus adversarios políticos. A su esposa, sin embargo, ha sido más difícil hallarle elementos sustanciales para acusarla de tener vínculos con el narcotráfico. La fiscalía ha tenido que recurrir a la figura del arraigo, una medida cautelar que se usa para detener a un sospechoso mientras el ministerio público busca pruebas y elementos en su contra para acusarlo de un delito.
La fiscalía ha tenido que ampliar el arraigo en dos ocasiones para ganar tiempo y seguir con las investigaciones. El tercer arraigo vence este lunes. El procurador (fiscal general), Jesús Murillo Karam, ha señalado que no hay posibilidades de que Pineda salga libre, porque será consignada por delitos graves como delincuencia organizada y lavado de dinero.
LUIS PABLO BEAUREGARD México//http://internacional.elpais.com/
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